Tema 4 · Régimen jurídico del personal

1. Las cuatro clases de empleados públicos

El régimen del personal al servicio de las Administraciones Públicas se contiene en el Real Decreto Legislativo 5/2015, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, conocido como EBEP. Desarrolla el mandato del artículo 103.3 de la Constitución, que reservaba a la ley la regulación del estatuto de los funcionarios.

Su artículo 8 establece la clasificación fundamental. Presta atención a la diferencia entre 'relación estatutaria' y 'contrato de trabajo': es lo que separa al funcionario del personal laboral, y de ahí derivan casi todas las demás diferencias de régimen.

2. Cuándo se puede nombrar a un funcionario interino

Los cuatro supuestos del art. 10 EBEP

• Vacante — cuando existan plazas vacantes y no sea posible cubrirlas por funcionarios de carrera. Máximo 3 años, ampliable 12 meses más si la Oferta de Empleo Público no se pudo ejecutar en ese plazo.
• Sustitución transitoria de los titulares — mientras dure la ausencia del funcionario sustituido.
• Ejecución de programas de carácter temporal — máximo 3 años, ampliable 12 meses más.
• Exceso o acumulación de tareas — máximo 9 meses dentro de un periodo de 18 meses.

3. Personal directivo y colectivos excluidos del EBEP

El personal directivo profesional (art. 13)

Es aquel que desarrolla funciones directivas profesionales, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración. Su designación atiende a los principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.

Está sujeto a evaluación con arreglo a cuatro criterios que conviene memorizar juntos: eficacia, eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos fijados.

Colectivos excluidos de la aplicación directa (art. 4)

• Personal funcionario de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas autonómicas.
• Personal de los órganos constitucionales del Estado y de los órganos estatutarios de las CCAA.
• Jueces, Magistrados, Fiscales y demás personal al servicio de la Administración de Justicia.
• Personal militar de las Fuerzas Armadas.
• Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
• Personal retribuido por arancel (notarios, registradores).

4. Los derechos de los empleados públicos

Derechos individuales (art. 14)

• A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.
• Al desempeño efectivo de las funciones propias de su condición profesional.
• A la progresión en la carrera profesional y promoción interna.
• A percibir las retribuciones e indemnizaciones correspondientes.
• A la formación continua y actualización de conocimientos, preferentemente en horario laboral.
• Al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo.
• A la no discriminación por nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación sexual, entre otras causas.
• A la defensa jurídica y protección de la Administración en los procedimientos que se sigan como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones.
• A la protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
• A vacaciones, descansos, permisos y licencias.

Derechos colectivos (art. 15)

• Libertad sindical.
• Negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo.
• Ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
• Planteamiento de conflictos colectivos de trabajo.
• Reunión.

5. Deberes y Código de Conducta

Principios éticos

Objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres.

Principios de conducta

Trato correcto y esmerado con los ciudadanos; obediencia a las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores; actuación con imparcialidad; y mantenimiento del sigilo respecto de los asuntos que conozcan por razón de su cargo, cuando tengan carácter reservado o cuya difusión pueda perjudicar el interés público.

El límite del deber de obediencia

El artículo 54.3 establece que los empleados públicos obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, SALVO que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. Es una garantía importante: nadie está obligado a cumplir una orden claramente ilegal, y ampararse en que 'se lo mandó su jefe' no exime de responsabilidad en esos casos.

6. Las retribuciones

El grado personal

Es el nivel que un funcionario consolida y conserva aunque después pase a un puesto inferior. Se adquiere por el desempeño de uno o más puestos del nivel correspondiente durante dos años continuados, o durante tres años con interrupción.

7. Las situaciones administrativas

Otras situaciones

• Servicio activo — la situación ordinaria, incluido cuando se está en comisión de servicios en otra unidad.
• Servicios especiales — para quien es nombrado miembro del Gobierno, Diputado, Senador, o presta servicios en organismos internacionales. Conserva antigüedad y reserva de plaza.
• Servicio en otras Administraciones Públicas — cuando se obtiene destino en otra Administración por movilidad.
• Suspensión de funciones — como sanción disciplinaria o durante la tramitación de un procedimiento.

8. Carrera profesional y provisión de puestos

Sistemas de provisión

• Concurso — procedimiento normal de provisión. Se valoran los méritos conforme a un baremo previamente aprobado.
• Libre designación con convocatoria pública — apreciación discrecional de la idoneidad del candidato. Reservada a puestos de especial responsabilidad o confianza.

Mecanismos temporales

• Comisión de servicios — cobertura urgente de un puesto vacante cuando no cabe esperar al procedimiento ordinario.
• Adscripción provisional — cuando el puesto que ocupaba el funcionario se suprime por una reestructuración, hasta que obtiene destino definitivo.

Instrumentos de ordenación

• Relación de Puestos de Trabajo (RPT) — instrumento técnico que ordena el personal y precisa los requisitos de cada puesto.
• Registro de Personal — recoge los datos de la vida administrativa de los funcionarios de carrera.

9. El régimen disciplinario

Las sanciones

• Separación del servicio (funcionarios) o despido disciplinario (personal laboral) — la más grave.
• Suspensión firme de funciones o de empleo y sueldo — si excede de 6 meses, conlleva además la pérdida del puesto de trabajo.
• Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad.
• Demérito (penalización en la carrera o promoción).
• Apercibimiento — la más leve.

Garantías del procedimiento

No puede imponerse la sanción de separación del servicio ni el despido disciplinario sin la tramitación previa de un procedimiento disciplinario, con audiencia del interesado y respeto pleno del derecho de defensa.

10. Pérdida de la condición de funcionario y jubilación

Causas de pérdida (art. 63)

• Renuncia voluntaria — a instancia del interesado. NO inhabilita para un nuevo ingreso por los procedimientos ordinarios de selección.
• Pérdida de la nacionalidad española o de la de otro Estado miembro de la UE tenida en cuenta para el nombramiento, salvo que simultáneamente se adquiera la de alguno de esos Estados.
• Sanción disciplinaria de separación del servicio, con carácter firme.
• Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público, con carácter firme.

La jubilación

La jubilación forzosa se declara de oficio al cumplir el funcionario los 65 años de edad. No obstante, puede solicitarse voluntariamente la prolongación de la permanencia en el servicio activo, como máximo, hasta los 70 años.

Existen además la jubilación voluntaria (cumpliendo los requisitos de la Seguridad Social o Clases Pasivas), la jubilación por incapacidad permanente y, en determinados colectivos, la jubilación parcial.